En el Puerto Rico de los años 1930 predominó una situación apremiante caracterizada por una crisis profunda y general.
El orden agrario que dominaba la economía se encontraba en una etapa doliente. Su principal cultivo, la caña de azúcar, decrecía y en peor situación se encontraban los cultivos de tabaco y café. Como un golpe de gracia, la Gran Depresión económica de 1929 produjo en la Isla una situación apremiante que llegó a alcanzar a todos los sectores de la sociedad. Se registró un alza en los precios de los productos básicos y por contraste una reducción en los ingresos de los trabajadores. El desempleo que ya era un problema en las décadas precedentes continuó creciendo sin poder detenerse. Las huelgas no se hicieron esperar; sectores como los obreros de la caña de azúcar, del tabaco y de la aguja, los trabajadores de los muelles y los choferes públicos fueron algunos de los tantos que durante los años 1933 – 1934 se manifestaron mediante tensas protestas laborales. La naturaleza también aportó al desastre económico pues se registraron dos huracanes catastróficos, San Felipe en 1928 y San Ciriaco en 1932, reportando perdidas millonarias. Como consecuencia se gestó una realidad dura que se enmarcó en una escena de agobio y desesperanza.
No ayudó el hecho de que en la administración estatal llegará a gobernar en 1932 la Coalición Republicano-Socialista. Una alianza contrastante en sus principios políticos pues los republicanos velaban por los intereses empresariales mientras que los socialistas llegaban al poder con la promesa de fiscalizar a las empresas en provecho de los trabajadores. A pesar de ello, la realidad fue otra; el Partido Socialista quien debía contrarrestar los intereses republicanos sucumbió en el intento. Gradualmente fue desvirtuándose de sus ideales obreros y resultó ser un partido más de derecha. Como resultado la gobernación de la Coalición que se extendió por ocho años reflejó ser más beneficiosa para los intereses corporativos que para los intereses de los trabajadores.
Sin duda, la situación ameritó reformas para lograr su futura recuperación. Desde Estados Unidos y bajo el mandato del Presidente Franklin D. Roosevelt nuevas ideas se organizaron para llevar a cabo una gestión reformadora que se denominó Nuevo Trato. Estas ideas que surgieron como un paliativo contra los efectos dañinos de la depresión incluyeron una serie de programas destinados a intervenir directamente en la economía nacional. Se trabajó para estabilizar el sistema económico con la intención de asegurar las ganancias adecuadas que proporcionaran la seguridad del empleo. Así, el sistema político se movilizó hacia la regulación administrativa del mercado económico capitalista y se alejó del liberalismo que distinguió las políticas económicas del siglo XIX y principios del XX con su actitud de laissez faire. En general, se procuró la conveniencia que proporcionaba la regulación del mercado, entre otras cosas, para tratar de disminuir los efectos negativos y la severidad de crisis futuras. Ideas de carácter social basadas en los valores de igualdad y seguridad socioeconómicos fueron habitualmente implantadas, un ejemplo de ello fue la creación del seguro social.
En Puerto Rico estás ideas se concretaron a través de la extensión del Nuevo Trato al ruedo local. Fue evidente que respondieron más a un proceso empírico que a uno ordenado y previamente meditado, todavía más cuando tuvieron que ajustarse a la realidad insular muy diferente al escenario continental. La primera fase de su implantación se materializó con la creación de la Puerto Rican Emergency Relief Administration (PRERA). Una agencia establecida en 1933 por medio de una cooperación estatal-federal. Ésta más que cambiar el sistema económico o social tuvo como objetivo aliviar la crisis y el estado de miseria que vivía la isla a través de estímulos económicos. Sin embargo, su vida fue corta y sus efectos aunque positivos, en su gran mayoría, fueron muy escuetos. Ni la esfera política coalicionista ni el gobernador de turno, Robert H. Gore brindaron verdadero apoyo pues más que querer ayudar a fomentar la implantación de nuevos programas parecían manifestar su desacuerdo con estos.
Fueron otros sectores los que intervinieron en la gestión de los programas del Nuevo Trato en Puerto Rico. Personajes como Carlos Chardón, Luis Muñoz Marín o el norteamericano Rexford G. Tugwell terminaron siendo claves en el desarrollo de estas medidas. El primero de ellos, Carlos Chardón, fue responsable de concebir un plan reformista de carácter económico y social que respondía a la realidad puertorriqueña. Este plan llamado más tarde, Plan Chardón, fue presentado a comienzos de 1934 ante la presencia de la Primera Dama de los Estados Unidos de América, la Sra. Eleanor Roosevelt, durante su visita a la Isla. Entre sus objetivos más destacados estuvo la atención de tres puntos fundamentales para su autor: la tenencia de grandes extensiones de tierra por parte de las corporaciones azucareras, los altos niveles de desempleo y el constante crecimiento poblacional. Para ello propuso varias iniciativas, entre las que destacan: frenar los intereses corporativos de la industria azucarera (limitando su producción, haciendo efectiva la Ley de los 500 acres, fomentando la creación de corporaciones públicas en el sector azucarero, etc.), diversificar la economía por medio de la ampliación de sus productos, promover la industrialización y desarrollar políticas de emigración.
Algunas de las propuestas expuestas en el Plan Chardón vieron la luz en la creación de la que se puede considerar la segunda fase materializada del Nuevo Trato en Puerto Rico, la creación de la Puerto Rican Reconstruction Administration. Una agencia establecida en 1935 y popularmente conocida como la PRRA. Aunque tuvo mérito, sus logros igualmente fueron limitados pues muchas de sus propuestas no lograron deshacerse de su carácter experimental. Aún así destacan medidas como la reducción del desempleo, la construcción de viviendas, la electrificación rural, la mejora en las condiciones de salud, la organización de asociaciones agrícolas o el inicio de un control experimental sobre la industria azucarera. Estas medidas fueron haciendo el camino para el posterior cambio socioeconómico gestado a mediados de la década siguiente cuando las fuerzas políticas cambiaron y ya no dominaron los intereses de la Coalición. Con el fin de la década también llegó el fin de la PRRA.
